El otro día recibí la llamada desesperada de un profesional experimentado del sector del ascensor que está en paro. Al igual que muchas otras personas competentes en situación de desempleo, quiere trabajar, pero no puede.

Lo llamativo de este caso es que las empresas de ascensores están igualmente desesperadas por contratar profesionales competentes. Entonces, ¿qué ocurre?, ¿cuál es el problema?.

Si tuviéramos que resumir la situación en una palabra, diríamos que es un despropósito, que vamos a intentar explicar brevemente.

La crisis de la construcción se muestra en toda su crudeza ya en 2008, fecha en la que muchos profesionales tienen que buscar empleo en otros sectores, entre ellos la persona que me llamó por teléfono.

Cinco años después, en 2013, se publica una norma que suaviza los requisitos a las empresas de mantenimiento, pero endurece la cualificación de los trabajadores.

Mediante una disposición transitoria, se da el plazo de un año para que los trabajadores demuestren al menos tres años de experiencia y poder obtener así una certificación acreditativa.

Como la publicación de este tipo de normas tiene una difusión muy limitada, pasado el año, ya en 2014, muchos trabajadores se quedaron en situación de “bloqueo administrativo”, competentes en la práctica, pero no sobre el papel. Al no generarse durante varios años puestos de trabajo, este “bloqueo” pasó prácticamente desapercibido.

Ahora en 2018, diez años después de que esta persona, como otros muchos, perdiesen su trabajo, hay una cierta recuperación del sector y comienza a demandarse trabajadores con experiencia.

Hay probablemente miles de personas que podrían trabajar porque cuentan con la experiencia y competencia real, pero carecen del certificado que la reconoce.

Existen vías alternativas como, por ejemplo, convocatorias públicas para la acreditación de las competencias profesionales, pero son claramente insuficientes. Pocas en número, y además, al estar descentralizadas a nivel autonómico, una persona en paro puede tener que recorrer hasta 1.000 kilómetros y pagarse una estancia para poder acceder a ellas.

Además, para colmo, la experiencia laboral tiene que haberse dado dentro de los últimos diez años, por lo que aquellos, como mi anónimo interlocutor, que salieron del sector en 2008 están imposibilitados de acceder a esta vía. ¿Han cambiado tanto los ascensores desde el 2008 hasta hoy como para justificar ese límite temporal? Los que entienden de ascensores saben que en absoluto.

¿Y si dispone de estudios de formación profesional? Depende, porque aquí también las administraciones públicas han sido restrictivas y muchas familias de FP relacionadas no son considerados como títulos válidos.

La única alternativa que les queda es volver a estudiar, en alguno de los pocos centros que existen, junto a jóvenes sin experiencia y profesores con menos conocimientos que ellos, un curso de más 500 horas para obtener el certificado de profesionalidad correspondiente.

Es necesario que se publique urgentemente un real decreto que permita certificar a las personas que han demostrado experiencia, independientemente de cuándo la obtuvieron. Podría ser un real decreto con este único punto, para que pueda ser publicado con rapidez en el próximo Consejo de ministros.

Porque hay personas que lo merecen, y lo necesitan ya. Y también porque las empresas requieren urgentemente de estos trabajadores y quieren contratar con todas las garantías.

Suficientemente difícil está el empleo como para que además las administraciones públicas actúen, en lugar de como impulsores, como auténticos cuellos de botella.

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